Indice:
II. RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA
DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
III. ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
IV.
ESPECIFICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENUNCIADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES
AFECTADOS
Fundación de Occidente
Arte
en Peligro
Primera Asociación Nacional para la
Defensa del Patrimonio
Histórico-Artístico (1973)
TRIBUNAL SUPREMO
SALA
SEGUNDA - Causas especiales
·�Jorge María Ribero-Meneses (D.N.I.
Ese inmenso
legado acumulado por centenares de generaciones de Españoles, que no ha cesado
de incrementarse y de enriquecer su diversidad a lo largo de esos cincuenta milenios, ha sufrido una
larga sucesión de azotes y de agresiones, perpetrados por las constantes invasiones
y guerras que ha padecido España. El
Imperio Romano se cebó en el Patrimonio Monumental ibérico, que
redujo literalmente a escombros, llegando incluso al extremo de atribuirse la
autoría sobre algunas de sus obras más egregias. Roma arrasó Hispania y las huestes del Islam
hicieron lo propio algunos siglos más tarde, redondeando esa labor la
interminable sucesión de enfrentamientos protagonizados por los distintos
reinos peninsulares, en lo que constituye la principal seña de identidad de
Pero,
salvedad hecha de la tabla rasa
romana, los mayores azotes sufridos por el Patrimonio
Histórico-Artístico español no han venido de la mano de guerras e
invasiones, sino de las consecuencias de tres calamidades acaecidas en el
decurso de los dos últimos siglos: la primera de ellas, la sabia pero
nefastamente aplicada Desamortización concebida por Mendizábal; la segunda,
En mi
calidad de fundador del primer movimiento de defensa del Patrimonio Histórico-Artístico creado en España (la Asociación
para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, legalizada en 1973 con el nombre de Arte
en Peligro), apelo a la más alta instancia jurídica de nuestro país, el
Tribunal Supremo, para que
contribuya a poner fin a la anarquía todavía reinante, emprendiendo
determinadas acciones contra aquellos Ayuntamientos
que han consumado atentados flagrantes contra el bien más preciado que posee la
sociedad española: su Patrimonio
Histórico-Artístico. Porque a falta de esas acciones punitivas, de tan alto
valor ejemplarizante, todas las Administraciones Públicas de nuestro país y muy
especialmente los Ayuntamientos,
persisten en su ya inveterada costumbre de atentar contra nuestros bienes
artísticos, ya sea de forma directa, ya de manera indirecta al permitir que se
consumen aberraciones urbanísticas como las que en el presente documento se
denuncian.
La impunidad ha sido y sigue siendo el
principal caldo de cultivo en el que se gestan los atentados contra el Patrimonio, sustentados todos ellos
sobre los pilares de
Dada la
magnitud de los desafueros urbanísticos que se han perpetrado en la práctica
totalidad de los Municipios
españoles, en el decurso de las cinco
últimas décadas, y partiendo del principio axiomático de que tal cantidad
de monstruosidades y tan inaudito grado de permisividad y de complicidad no son concebibles si no se
ha producido una compra generalizada de voluntades, debe considerarse un hecho
probado -que no requiere de mayor y mejor verificación que la que brindan la desmesura, la anarquía y la extraordinaria fealdad
de buena parte de los núcleos urbanos
(¡y no digamos ya rurales!) de todo el territorio español-, el de que ha existido un contexto generalizado de corrupción
en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles, ya desde los albores
mismos de la década de los 60 hasta nuestros días. Sólo partiendo de
esta premisa y descartando la posibilidad de que todos nuestros Munícipes
se hayan visto afectados por un síndrome
de demencia colectiva, puede comprenderse el hecho de que la armonía y la mesura que habían
presidido el crecimiento de nuestros núcleos úrbanos hasta la década de 1950,
pasasen a la historia a partir de esos años, iniciándose una carrera desenfrenada
por parte de la práctica totalidad de los Ayuntamientos españoles, para ver
quien era capaz de consumar el mayor número de barbaridades, en el menor tiempo
y en el más sucinto espacio posible. No es concebible que todo esta
monumental exhibición de irracionalidad
haya podido materializarse sin que Alcaldes,
Concejales y Funcionarios
municipales con capacidad de decisión no
hayan sucumbido a las tentadoras y siempre generosas ofertas realizadas por
constructores, promotores y propietarios de fincas e inmuebles,
extraordinariamente bien dispuestos a gratificar la benignidad y permisividad
de sus proyectos inmobiliarios, cortados siempre por el mismo patrón de la
búsqueda del mayor lucro posible, sin tener en cuenta para nada ni los
intereses colectivos ni la salvaguarda de la belleza y armonía de nuestras
ciudades.
La
corrupción generalizada en los Ayuntamientos
españoles en el plano inmobiliario, ha
propiciado la consumación de una serie interminable de atentados de primera
magnitud contra nuestro PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, tanto en lo que se
refiere a la destrucción de monumentos y edificios de interés, como a la grave
profanación de los núcleos históricos de todas las poblaciones españolas, sin
excepción ninguna. De este modo y merced al fructífero y lucrativo diálogo
entre ediles municipales y promotores inmobiliarios, todas las ciudades españolas han sufrido un galopante proceso de
degradación que ha supuesto la DESTRUCCIÓN, en muchos casos irreversible, de
sus NÚCLEOS MONUMENTALES, con todo cuanto ello entraña en orden a su
empobrecimiento cultural y económico. Y este hecho es tanto más grave y
hasta dramático, cuanto que habida cuenta de la enorme antigüedad y relieve
histórico de no pocas de nuestras ciudades, esa brutal, desaforada y continuada profanación de la que han sido
objeto, ha malogrado para siempre la posibilidad de que varias de ellas -es
el caso de Burgos, León, Valladolid,
Palencia, Soria...- fueran
declaradas PATRIMONIO DE
En
beneficio, pues, de unos pocos, los habitantes de las ciudades que han sufrido
ese acelerado proceso de degradación, han visto cercenadas sus posibilidades de
enriquecimiento en todos los órdenes, ya desde la presente generación y
extendiéndose, de manera irremediable, a
todos los de las sucesivas. Porque en un
¿Es
concebible que el daño descomunal
producido a millones de Españoles por todo ese cúmulo de Consistorios indignos pueda quedar impune, librándose sus
responsables de la reprobación colectiva
que merecen, así como de la vergüenza que debería caer sobre ellos, por el
hecho de haber destruido en cuarenta años el Patrimonio tan trabajosa y sacrificadamente modelado por nuestros
antepasados? Y todo ello para que centenares
de Alcaldes, Concejales y Funcionarios hayan acumulado auténticas fortunas o,
en no pocos casos, para que una parte de esos indignos rendimientos fueran a parar a las arcas de los Partidos Políticos
que los habían aupado hasta esos cargos.
Fieles
siempre a esa práctica, tan española, de los hechos consumados, una
larga sucesión de Consistorios permisivos
y corruptos han consumado cuantos desafueros han querido, sin que el peso
de la Ley y el complemento imprescindible de una condena ejemplarizante, hayan
caído sobre ninguno de ellos. Cumplidos sus mandatos, Alcaldes y Concejales han
abandonado sus cargos, dejando tras de sí una indeseable secuela de atentados
incalificables contra el Patrimonio común. Sus aberraciones urbanísticas han
quedado y por mor de esta curiosa e indulgente filosofía de impunidad, nadie
les ha pedido cuentas jamás por todo el daño que han ocasionado y, mucho menos,
por los altísimos rendimientos que esos atropellos contra el Patrimonio y contra el interés general les han proporcionado.
Como quiera
que es jurídica y éticamente inaceptable que los desafueros perpetrados por unos
pocos deban pesar, A PERPETUIDAD,
sobre las ciudades que los han padecido y sobre los ciudadanos que deben
sufrir, día a día, sus consecuencias, tanto desde el punto de vista estético y
medio ambiental como en el plano económico ya señalado, el proceso de
consolidación de la Democracia en España y el propio imperio de la Ley y de la
Justicia deberían exigir la
corrección y rectificación de algunos de los más graves atentados contra el Patrimonio
que se han consumado, haciéndose los Ayuntamientos correspondientes
responsables de los mismos y marcándose unos plazos determinados para llegar a
enmendarlos, en aquellos casos en que, por no tratarse de acciones
irreversibles, cabe su rectificación o corrección.
¿Es cabal y racional que algunas de las
barbaridades que se han consumado deban perpetuarse en el tiempo,
previsiblemente (dada la solidez de las construcciones modernas) por espacio de SIGLOS, cuando el daño
inflingido ha sido de primerísima magnitud y el perjuicio que ello ocasiona a
nuestras ciudades, enorme?
¿Es cabal que generaciones y generaciones de
Españoles deban verse gravemente afectadas y perjudicadas por el hecho de que
la corrupción, la anarquía y el caciquismo imperantes en España durante los
años finales del franquismo y las
primeras décadas de la Democracia, se hayan cebado sobre el Patrimonio
Histórico-Artístico Español como ni las guerras, ni las revoluciones, ni la
miseria, ni la inquina del tiempo lo habían hecho a lo largo de MILENIOS?
¿Es cabal y admisible que por mor de esa
institucionalización en la vida española de la política de los hechos consumados, la presente
generación y todas las que le sucedan deban sufrir las consecuencias de los
desafueros perpetrados por un rimero de políticos y funcionarios corruptos,
indignos de las altas responsabilidades que se les habían encomendado?
Y lo que es
tanto o más importante, ¿no sería
determinante para evitar que males semejantes sigan reproduciéndose, el hecho
de que algunos de los atentados ya consumados fueran castigados ejemplarmente,
comprendiendo de este modo nuestros responsables municipales que el hecho de
ostentar los cargos que ostentan no les concede patente de corso ni les faculta para cometer cuantas tropelías
contra el interés público les vienen en gana, indefectiblemente arropados en el
amplísimo y confortable manto que les
procura la permanente invocación a los votos obtenidos en los comicios
municipales? Porque los votos que los ciudadanos otorgan a los políticos
presuponen que éstos pondrán todo el celo imaginable en la ejecución de su
labor y que ésta se desarrollará siempre en el ámbito de las más estrictas y
rigurosas legalidad y honestidad. Y subrayo este
último término porque aunque los perfiles de la legalidad pueden llegar a ser, merced a las artes de la política,
más o menos evanescentes y difusos, los de la honestidad no admiten interpretaciones ni matices posibles, siendo
ético todo aquello que beneficia al conjunto de la Comunidad y deshonesto e
indeseable aquello que lesiona los intereses generales en beneficio de unos
pocos.
La
Democracia española no estará madura ni nuestra Legalidad preservada, hasta que
determinados comportamientos de nuestra dilatada y no tan ejemplar Transición no se vean rectificados, muy
especialmente en lo que respecta a la conservación y salvaguarda del más
precioso de nuestros legados: el de nuestro acervo histórico y monumental.
Dar por buenas las aberraciones cometidas por nuestros Municipios, supone un
ultraje para la Razón, una burla para los ciudadanos y un grave demérito para
nuestras ciudades. Tres razones lo bastante sustantivas y sólidas como para
iniciar un proceso de rectificación que deberá devolver a nuestros más valiosos
núcleos monumentales, por lo menos una mínima parte de la dignidad y la
grandeza perdidos.
Como
ejemplos especialmente flagrantes que no sólo merecen sino que están reclamando
a gritos una rectificación, el autor de la presente denuncia apela a la más
alta instancia jurídica española para que inste a los Ayuntamientos que se
citan a continuación a que remedie los brutales
atentados contra el Patrimonio que también se exponen y que han sido perpetrados
en el decurso de las últimas décadas, ocasionando un gravísimo perjuicio a las
poblaciones que los han sufrido. Porque ya
es hora de que los Españoles empecemos a entender algo
que nuestros vecinos europeos comprendieron hace ya mucho tiempo: que en un
monumento sobresaliente, resulta tan importante el monumento en sí como el
contexto arquitectónico en el que se integra e inscribe. De tal modo
que resulta absurdo y, si se me permite, cretino, poner todo el celo del mundo
en preservar la integridad de una Catedral
cualquiera, al mismo tiempo que se tolera la profanación y destrucción de su
entorno. Que ha sido, justamente, la tónica general del proceder de los Españoles en relación con su Patrimonio: se han consumado todas las barbaridades imaginables en
el entorno de nuestros monumentos, mientras nuestros responsables municipales
tenían a gala el hecho de preservar y proteger los edificios históricos.
¿Históricos? ¿Qué valor histórico
pueden tener esos edificios cuando se les priva del contexto en el que
florecieron y que les ha arropado a lo largo de siglos o incluso de milenios?
(Como sucede en el caso de La Puente de Segovia -el Acueducto-, junto a la que tantas
aberraciones han estado a punto de perpetrarse...). Por desgracia, no son
precisamente escasos los casos en que nuestros jerarcas municipales no sólo se
han cargado el contexto de los monumentos sino también los monumentos mismos. Y
ocioso es decir hasta qué punto han debido ser sustanciosas las sumas de dinero percibidas por los ediles municipales, para que hayan osado
llevar a término tamañas tropelías contra el Patrimonio común... Pero no existía razón alguna para inquietarse: España es el Reino de la Impunidad y nuestros responsables municipales han
podido hacer cuanto les ha venido en gana, fuera o no fuera ajustado a Derecho
y a Razón, en la seguridad de que nadie les iba a pedir cuentas por ello y,
muchísimo menos, de que habrían de pagar por ello. ¡Cuántos desafueros,
cuántos atentados irreparables contra el Patrimonio
y contra el interés general de los ciudadanos se habrían evitado si unos
cuantos Alcaldes y Concejales hubiesen pagado en la cárcel las barbaridades que habían consentido, untos, cazos, maletines, gratificaciones e incentivos mediante!
¿Qué respeto,
qué honorabilidad puede merecer una nación en la que todos los delitos e irregularidades en que
incurren sus gobernantes, quedan absolutamente impunes?
Siendo los Ayuntamientos que se señalan a
continuación los únicos responsables
de los desafueros que también se
especifican -absolutamente inconcebibles de no haber mediado una u otra forma
de compensación o de gratificación-, debería exigirse de
todos ellos la progresiva demolición de
los edificios que han sido irregularmente consentidos, reubicando a sus
inquilinos en inmuebles construidos al efecto en otras zonas, de carácter no
monumental, de esas ciudades. Habida cuenta de que, como sucede en los casos de
Alicante y de Valladolid, son varios los edificios cuya construcción se impugna,
debería reclamarse de ambos Municipios la firma de un compromiso por el cual se
estableciesen unos plazos determinados, a lo largo de los cuales se iría
procediendo a la demolición de los inmuebles cuya ubicación se denuncia,
evitando siempre que sus inquilinos pudieran verse afectados, en ningún
sentido, por esta ejemplar y ejemplarizante acción en defensa de los supremos
intereses de la sociedad española. No son los inquilinos de esas viviendas
quienes deben pagar las consecuencias de los errores cometidos, sino los Ayuntamientos que turbiamente los consintieron.
Sigue, pues,
a continuación la relación de los Municipios
en los que se centra la presente denuncia, con la referencia pormenorizada a
los puntos concretos de su urdimbre urbana en los que se consumaron los
atentados contra el Patrimonio cuya
corrección se reclama:
1.1. Manzana
formada por varios edificios de descomunal altura, con fachada a la Plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad,
Calle Echegaray y Plaza Portugalete,
que destruyen literalmente el núcleo monumental más importante de Valladolid,
formado por la Catedral herreriana,
La reciente
demolición de varios edificios contiguos a la Catedral -que mantenían oculta
Con una
ceguera y una irresponsabilidad que clama al cielo, ya en la primera parte del
siglo pasado se permitió edificar varias casas de considerable altura en esa Manzana
de la Ignominia que se yergue entre
El
embellecimiento y mejora que para esa capital castellana supondría la demolición de la manzana de edificios señalada, sería de tal calibre, que el
Ayuntamiento de la misma, único responsable de su construcción,
no debería ahorrar esfuerzos para iniciar el proceso de reubicación de todos
los afectados, procediendo a derruir edificios a medida que éstos vayan siendo
alojados en las nuevas viviendas que deberán construirse, al efecto, en otras
zonas de
La
desaparición de esa abyecta manzana
alumbrada por el Consistorio
vallisoletano, daría lugar al nacimiento de una de las Plazas más amplias y con
mayor riqueza monumental de toda la geografía española.
1.2. Edificio-Residencia de los P.P. Dominicos,
construido en el corazón mismo de uno de los conjuntos monumentales más
singulares y valiosos de todo el territorio español, formado por los dos
edificios platerescos más valiosos de España -el Colegio de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo-, así como por los contiguos Palacio de Villena, Palacio
Real (sede de la Capitanía de Valladolid) y Palacio Pimentel o de la Diputación, en el que es tradición que
nació Felipe II. La demolición de dicho edificio y la reforma de otros dos
construidos frente a San Gregorio,
permitirá solicitar y obtener de la UNESCO la declaración de Patrimonio de la
Humanidad para este conjunto arquitectónico de la ciudad de Valladolid, de
características únicas y fundamental tanto por su riqueza artística como por su
relevante valor histórico.-
Valiéndose,
sin duda, de la influencia que su condición religiosa les otorgaba, los P.P.
Dominicos consiguieron que el Ayuntamiento
de Valladolid les autorizase a construir un elevado, modernísimo y funcional edificio -destinado a acoger a
su Comunidad-, a la vera misma del conjunto
monumental más importante y valioso que posee dicha ciudad, al tiempo que
uno de los más notables y singulares de Europa:
el formado por el Colegio de San Gregorio, con su fachada, patio y capilla
extraordinarios, y por
¿Cómo se
permitió a los P.P. Dominicos profanar con su sede conventual un conjunto que,
si el Ayuntamiento de Valladolid hubiese
hecho las cosas como es debido, habría sido declarado Patrimonio de la Humanidad hace ya muchos años? ¿Y cómo, además de
incurrir en este despropósito, se agravó el problema construyendo unas
viviendas horrendas frente al Colegio de San Gregorio? ¿O, lo que
es lo mismo, frente por frente de la
fachada plateresca más valiosa que existe, sensiblemente superior a la
afamadísima de la Universidad de
Salamanca? ¿Se habría permitido construir edificio alguno en el entorno
de la fachada de la Universidad salmantina? Entonces, ¿por qué se permitió
hacerlo frente al Colegio de San Gregorio, cuando la categoría artística de este
conjunto es incluso superior a la de su homóloga salmantina? ¿Se habría
permitido a los P.P. Dominicos levantar su feísima residencia conventual junto
a cualquiera de los Patios de la Universidad de Salamanca?
Una vez
consumada tamaña tropelía contra el Patrimonio,
¿tendremos que darla por buena a perpetuidad, permitiendo que envilezca uno de
los conjuntos monumentales más extraordinarios de todo el planeta? Parece del
más elemental sentido común que debería procederse, cuanto antes, a la
demolición de ese aberrante edificio, completando de este modo los costosísimos
trabajos de restauración que se están efectuando en sus vecinos el Colegio
de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo. Y ojalá que a
todo ello se sume la integración de esta última en el Museo Nacional de Escultura,
permitiendo exponer en ella buena parte de los retablos que, sin el espacio
aconsejable para ello, se han venido exponiendo hasta ahora en las salas del
citado Colegio.
Frente de edificios construido en la fachada
marítima de la ciudad, al pie de la Peña de Benacantil
y ocultando literalmente la principal seña de identidad de la ciudad, al
tiempo que su primer emplazamiento urbano, que data de época prehistórica y
que en su día merecerá la declaración de Patrimonio de la Humanidad, al
tratarse de una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo:
Toda la
ciudad de Alicante, con la única
salvedad de su puerto y de su paseo marítimo, constituye un atentado contra esa
tónica de mesura, armonía y buen gusto que debería haber presidido el
crecimiento de las ciudades españoles y que tan difícil resulta de distinguir
en la mayoría de ellas. Desgraciadamente, el daño está ya hecho y no tiene
enmienda posible: se han destrozado los Cascos
Históricos y la magnitud de los atentados perpetrados hace completamente
imposible volver a aquel perdido horizonte de la década de 1950 en el que nuestros núcleos urbanos conservaban aún, en gran
medida, la fisonomía que les había venido siendo propia y característica desde
mucho tiempo atrás. Es el caso de Alicante,
que era una ciudad hermosa y llena de encanto cuya salvaguarda habría hecho hoy
las delicias de todos cuantos
La fealdad
del núcleo urbano de Alicante y la
belleza de su fachada litoral, de su Paseo Marítimo, determinan el que
todo el encanto de esta población y, por ende, todos cuantos la visitan, así
como quienes residen en ella en sus momentos de ocio, se concentren en la
avenida y paseos que discurren paralelos al Puerto y Playa de
Porque
Edificio Campo
situado en uno de los extremos de
Contestado y
repudiado por los Burgaleses desde hace décadas, las altas influencias políticas de la familia propietaria de ese
edificio han conseguido sortear todas las acciones que se han emprendido
tendentes a forzar su demolición. Una vez más, nuestro ordenamiento jurídico
queda en entredicho ante el caso de un edificio aberrante que transgrede los
principios más elementales de protección de nuestro Patrimonio y que, sin
embargo, consigue perpetuarse en el tiempo merced a las maniobras y componendas
de sus propietarios ante los responsables municipales de turno. Es inconcebible
que
Este nuevo y
alevoso atentado contra el Patrimonio
Histórico-Artístico, acredita a los Municipios
españoles como defensores a ultranza de los hechos consumados, así
como grandes adalides de la impunidad
y de
El denominado Edificio
Moneo, recientemente construido en la Plaza
de Santa Teresa o del Mercado Grande,
reventando literalmente la armonía de una típica plaza porticada
castellana, en la que además existe una valiosa Iglesia románica,
No se
conocen datos que permitan establecer que ha existido alguna forma de
corrupción en el proceso de aprobación y de construcción del edificio
mencionado, pero aun cuando no hubiese sido así, el daño infringido a una
población que es Patrimonio de la
Humanidad, no es menor. Y por otra parte, si perseguible debe ser la
corrupción, no lo debe ser menos la necedad
de la que en este caso han hecho gala quienes han permitido que la armonía de
un conjunto monumental como el que se encierra entre las Murallas de Ávila, se vea
destrozada por la erección de ese edificio disparatado. Porque la filosofía que
debería presidir cualquier intervención en el Patrimonio, debería ser la de mantener
y preservar a cualquier precio la armonía de poblaciones y conjuntos
monumentales, partiendo del principio de que fueron creados a lo largo de
siglos por otras generaciones y no por la nuestra y de que NO TENEMOS DERECHO a
destruir lo que con tantísimo celo y esmero modelaron quienes nos han precedido.
Ahí están las poblaciones o barrios de nueva planta para acoger todas las genialidades y despropósitos alumbrados
por los autores contemporáneos, no siendo de recibo que se profane con ellos lo que siempre fue de una manera y nuestra
generación tiene el deber de conservar como ha recibido. Quien desee
innovar en Ávila, que lo haga en los
barrios nacidos allende su recinto amurallado, debiendo ser preocupación de los
munícipes de esta población castellana, la de potenciar al máximo su belleza,
corrigiendo algunos de los desafueros perpetrados a lo largo del pasado siglo.
Ése debe ser el norte de su actuación
en esta materia, tratando de evitar por todos los medios el que nada ni nadie
consiga alterar en lo más mínimo la belleza y armonía estética de una población
que ya sufrió no pocos atentados contra el buen gusto a lo largo del pasado
siglo. Es la corrección de esas barbaridades permitidas en el decurso de la
pasada centuria lo que debe preocupar a los miembros del Consistorio Abulense, y no el afán por competir en necedad con sus
predecesores, consintiendo la consumación de despropósitos como ese Edificio Moneo que de tal modo desentona
en una población como Ávila y que,
por ende, tan flaquísimo servicio presta a su afamado autor. Y es que cuesta
muchísimo trabajo entender cómo un arquitecto de un mínimo nivel puede avenirse
a perpetrar tamaño dislate.
5.1. Edificio de reciente construcción que acoge al Arxiu Históric del Arzobispado de
Tarragona y que, concebido dentro de los parámetros minimalistas al uso, oculta un amplio lienzo de
En la parte
posterior de la Catedral de Tarragona
y a un costado del Palacio Arzobispal de dicha ciudad, construido en un patio
anejo a éste, se levanta un anodino edificio de varias plantas que, a priori, parece absolutamente
innecesario cuando las amplísimas e infrautilizadas dependencias de que dispone
el Arzobispado tarraconense en este punto de la ciudad, podrían haberlo acogido
con mucha mayor dignidad. Porque nada más coherente que el hecho de que un Archivo
Histórico se aloje en un edificio
histórico, y no en un edificio aséptico y de novísima planta que, para
mayor absurdo y escarnio de nuestro Patrimonio,
ha ido a levantarse junto a uno de los tramos mejor conservados de la Muralla de Tarragona que,
inevitablemente, oculta por completo.
¿Cómo ha
podido consumarse semejante exhibición de mal gusto y de insensibilidad
respecto a nuestros bienes culturales? En este caso, al igual que en otro de
los precedentes, cabe atribuir a las altas y persuasivas influencias de la
Iglesia la materialización de semejante desafuero. Uno más de los numerosísimos
perpetrados por dicha Institución y que tan extraordinario quebranto han
ocasionado al Patrimonio
Histórico-Artístico español.
Como en
todos los casos precedentes, el disparate consumado por el Arzobispado de Tarragona, contando con la preciosa colaboración del
Ajuntament de dicha ciudad, no tiene
maquillaje posible: sólo su
destrucción puede enmendar el daño que se ha hecho, contando como siempre con
el imprescindible concurso del arquitecto o arquitectos de turno, prestos a
consumar cualquier aberración que se les encomiende, antes que renunciar a los
sustanciosos beneficios que les procura cada nueva obra que realizan. El
pundonor y el buen gusto acostumbran a brillar por su ausencia entre los Arquitectos españoles, principalísimos
responsables de la extraordinaria
fealdad de todas las ciudades españolas. Sin su inapreciable concurso,
ni promotores ni Ayuntamientos habrían conseguido alcanzar el imbatible récord que supone haber logrado acabar,
en medio siglo escaso, con la belleza y el buen gusto que todas las ciudades y
pueblos de nuestro país habían acumulado durante milenios.
5.2. Edificio recientemente erigido en la Plaça de la Font o del
Ajuntament de Tarragona, habilitado como sede de una oficina de la entidad
financiera conocida como La Caixa.-
La Plaça
de la Font que preside el Ajuntament
de Tarragona sigue fielmente la
traza del antiguo Circo de esta ciudad ibérica, conquistada por Roma y convertida
en virtual capital de Hispania. Rodeada de edificios de
escaso o nulo valor arquitectónico, construidos en su mayor parte sobre las
graderías y dependencias del viejo Circo, cabría esperar de los
responsables de dicho Municipio catalán el que, haciendo honor al
reconocimiento de los vestigios romanos de Tarragona
como Patrimonio de la Humanidad,
pusieran todo el empeño posible en ir rescatando fragmentos de la antigua e
ilustre Tarraco, a base de proceder a la progresiva demolición de los
edificios que esconden restos significativos de la vieja urbe. De este modo y
merced a la sabia aplicación de esta política, la ciudad de Tarragona podría ir recuperando partes
significativas de su primitiva trama urbana, en beneficio de la Historia y del
auge turístico de esta población, que será tanto más visitada cuanto mayor y
más notable sea el legado que consiga rescatar de sus primeras edades.
Lejos de
actuar de esa guisa y tal como el más elemental sentido común dicta, el Ajuntament de Tarragona acaba de
permitir la edificación de un inmueble en la Plaza mencionada, escondiendo bajo él restos más que significativos
de su etapa romana y medieval. Y todo ello para que la entidad financiera La
Caixa pueda crear en ese espacio una nueva oficina urbana. Y por si
fuera poco, el anodino envoltorio
arquitectónico que les ha puesto a las ruinas descubiertas, no ya canta sino que grita en franca
discordancia con los edificios de su entorno. ¿No hubiera sido infinitamente
más inteligente proteger con vidrio los restos descubiertos y preservarlos de
esa suerte en espera de que la desaparición de otros inmuebles anejos permita
recuperar una porción significativa del antiguo Circo?
Los dos
atentados contra el Patrimonio que
aquí se denuncian, permiten deducir que los responsables municipales de Tarragona no han entendido aún que esta
ciudad puede y debe aspirar a recuperar su vieja y perdida fisonomía urbana,
desplazando progresivamente a la población hacia los barrios, extramuros, de
nueva construcción. En Tarragona
coexisten una ciudad ibérica, otra romana y una tercera medieval. Lo sabio sería recuperar
estas tres en la mayor medida posible y siempre a costa y en detrimento de la
Tarragona moderna, que debería liberar progresivamente el núcleo histórico y
monumental y quedar circunscrita a los barrios construidos más allá de sus
murallas.
6.1. Bloque de
viviendas construido en el punto de la barriada de Cajo conocido como Las
Californias, en el corazón mismo de la finca de La Remonta o de Campo Jiro y
escasamente a
La
localización en la ciudad de Santander,
tras siglos de búsqueda, de las celebérrimas Fuentes Tamáricas,
documentadas por Plinio en
Es en ese
contexto de vandálica devastación
generalizada, consumada desde hace un siglo por todos los Consistorios
santanderinos, en el que se sitúa la construcción de un enorme y
antiestético bloque de viviendas en la que fuera una de las mejores fincas del país, así como el actual proyecto,
promovido por el Gobierno de Cantabria
y el propio Ayuntamiento de Santander,
de edificar una barriada de viviendas sociales en dicha finca,
acabando de destruirla por completo y profanando, al hacerlo, uno de los
yacimientos prehistóricos más importantes no ya de España sino de todo el
planeta.
La demolición
del inmueble construido allí donde otrora brotase un importante manantial conocido como Las
Californias, será conditio sine
qua non para que la Comunidad de Cantabria pueda solicitar la declaración
de Patrimonio de la Humanidad para
una finca -la mencionada de La Remonta o de Campo Jiro- en la que
alumbran las aguas de varios manantiales que fueron idealizados por las gentes
de la Prehistoria como los primeros de la Historia, habiendo florecido al calor
de ellos un Santuario Prehistórico de
primera magnitud.